Asunción, Paraguay (Newsworthy.ai) miércoles 13 de mayo de 2026 a las 2:00 p. m., hora del Este —

El 11 de mayo de 2026, el abogado paraguayo Julio Benítez, asesor legal de Eduardo García, presentó formalmente una queja ante el Consejo Judicial Canadiense (CJC) alegando que jueces superiores de Ontario participaron y protegieron lo que describe como un fraude judicial masivo que involucra al Fondo de Pensiones de Itaipú Binacional (Cajubi) de propiedad estatal y más de C$20,8 millones en pérdidas de inversión disputadas.

La queja, dirigida a Robin MacKay, acusa a miembros del Tribunal Superior de Ontario y del Tribunal de Apelación de Ontario de permitir fallos falsos, suprimir pruebas bancarias y proteger a actores financieros clave vinculados a millones de dólares presuntamente desviados a través de cuentas suizas y canadienses.

Según Benítez, el fallo original del juicio en Ontario emitido en 2018 fue “corrupto, inejecutable y nulo”, y se ha utilizado para retratar erróneamente a García como responsable de la presunta desaparición de los fondos, a pesar de la ausencia de registros bancarios directos que demuestren que recibió o malversó el dinero.

“Los jueces continúan exigiendo una rendición de cuentas del dinero que ellos mismos han ayudado a ocultar”, dijo Benítez. “Esto no es justicia, es un encubrimiento”.

La queja se refiere específicamente a repetidos procedimientos por desacato liderados por el juez Osborne, alegando que el tribunal ha evitado ordenar la divulgación de los propios registros bancarios necesarios para establecer adónde fueron realmente los fondos. Benítez argumenta que las pruebas clave apuntan en cambio a cuentas suizas controladas por el ex consultor de inversiones de Cajubi, Ronald Timcke, y otras personas cuyos registros financieros nunca fueron investigados adecuadamente.

Las decisiones judiciales también se utilizaron para silenciar a García mediante repetidos procedimientos por desacato y restricciones a las declaraciones públicas.

El caso, ampliamente descrito en Paraguay como el “robo del siglo”, ha tenido consecuencias significativas para los miembros del fondo de pensiones y los contribuyentes paraguayos, incluida una importante reestructuración de las pensiones y costos proyectados a largo plazo de cientos de millones de dólares.

Benítez también anunció que se presentará una queja paralela ante la nueva Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones de Paraguay, solicitando acceso a documentos financieros y una investigación independiente sobre el déficit actuarial del fondo de pensiones, las pérdidas y las decenas de millones de dólares en honorarios legales pagados en los últimos 15 años.

“Creemos que la verdad está en los registros bancarios que los jueces y los abogados de la parte contraria han trabajado tan duro para mantener ocultos”, agregó Benítez.

El equipo legal exige transparencia, responsabilidad judicial y divulgación completa de los registros bancarios relacionados con los fondos en disputa.

La queja menciona específicamente a los jueces Sean F. Dunphy y Peter J. Oborne del Tribunal Superior de Ontario y al juez David Paciocco del Tribunal de Apelación de Ontario. Número de expediente: CV-11-00009210-CL.

Contacto de prensa

Julio Benítez
Benítez Cubilla & Asociados
Ciudad del Este, Paraguay
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Teléfono: +595 983 669556

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