Asunción, Paraguay (Newsworthy.ai) miércoles 13 de mayo de 2026 a las 2:00 p. m., hora del Este —

El 11 de mayo de 2026, el abogado paraguayo Julio Benítez, asesor legal de Eduardo García, presentó formalmente una queja ante el Consejo Judicial Canadiense (CJC) alegando que jueces superiores de Ontario participaron y protegieron lo que describe como un fraude judicial masivo que involucra al Fondo de Pensiones de Itaipú Binacional (Cajubi) de propiedad estatal y más de C$20,8 millones en pérdidas de inversión en disputa.

La queja, dirigida a Robin MacKay, acusa a miembros del Tribunal Superior de Ontario y del Tribunal de Apelación de Ontario de permitir sentencias falsas, suprimir pruebas bancarias y proteger a actores financieros clave vinculados a millones de dólares supuestamente desviados a través de cuentas suizas y canadienses.

Según Benítez, la sentencia original del juicio de Ontario emitida en 2018 era “corrupta, inejecutable y nula”, y se ha utilizado para retratar erróneamente a García como responsable de la supuesta desaparición de los fondos, a pesar de la ausencia de registros bancarios directos que demuestren que recibió o malversó el dinero.

“Los jueces continúan exigiendo una contabilidad del dinero que ellos mismos han ayudado a ocultar”, dijo Benítez. “Esto no es justicia, es un encubrimiento”.

La queja se refiere específicamente a los repetidos procedimientos por desacato dirigidos por el juez Osborne, alegando que el tribunal ha evitado ordenar la divulgación de los mismos registros bancarios necesarios para establecer adónde fueron realmente los fondos. Benítez argumenta que las pruebas clave apuntan en cambio a cuentas suizas controladas por el ex consultor de inversiones de Cajubi, Ronald Timcke, y otras personas cuyos registros financieros nunca fueron investigados adecuadamente.

Las decisiones judiciales también se utilizaron para silenciar a García mediante repetidos procedimientos por desacato y restricciones a las declaraciones públicas.

El caso, ampliamente descrito en Paraguay como el “robo del siglo”, ha tenido consecuencias significativas para los miembros del fondo de pensiones y los contribuyentes paraguayos, incluida una importante reestructuración de las pensiones y costos proyectados a largo plazo de cientos de millones de dólares.

Benítez también anunció que se presentará una queja paralela ante la nueva Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones de Paraguay, solicitando acceso a documentos financieros y una investigación independiente sobre el déficit actuarial del fondo de pensiones, las pérdidas y las decenas de millones de dólares en honorarios legales pagados durante los últimos 15 años.

“Creemos que la verdad está en los registros bancarios que los jueces y los abogados contrarios se han esforzado tanto en mantener ocultos”, agregó Benítez.

El equipo legal está pidiendo transparencia, rendición de cuentas judicial y divulgación completa de los registros bancarios relacionados con los fondos en disputa.

La queja nombra específicamente a los jueces Sean F. Dunphy y Peter J. Oborne del Tribunal Superior de Ontario y al juez David Paciocco del Tribunal de Apelación de Ontario. Expediente del caso: CV-11-00009210-CL.

Contacto de medios

Julio Benítez
Benítez Cubilla & Asociados
Ciudad del Este, Paraguay
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