El Tribunal Superior de Ontario rechaza la última moción por desacato presentada por el fondo de pensiones de Itaipú (Cajubi)

El largo proceso civil iniciado por el fondo de pensiones de la entidad binacional paraguayo-brasileña Itaipú Binacional (“Cajubi”) contra Eduardo García en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha sufrido otro revés importante, lo que plantea serias dudas sobre la credibilidad y el propósito del litigio después de más de 15 años.

El 5 de mayo de 2026, el juez Osborne desestimó la moción por desacato más reciente de Cajubi contra el Sr. García, marcando la tercera moción fallida consecutiva presentada por Cajubi ante el mismo juez desde 2023.

El juez Osborne falló:

“Habiendo considerado toda la evidencia, no puedo concluir más allá de toda duda razonable que el Sr. García esté en desacato con el párrafo 12 de la orden del 31 de octubre de 2023, o que en todas las circunstancias dicha orden sea apropiada en este caso.”

La moción buscaba declarar al Sr. García en desacato por mantener públicamente que:

a) Nunca recibió, administró o controló los supuestos C$20.8 millones en cuestión;

b) Nunca realizó pagos a exdirectores de Cajubi; y

c) No posee activos o fondos ocultos en ninguna jurisdicción.

Cajubi no logró probar que estas declaraciones fueran falsas o difamatorias.

Esto sigue a dos mociones fallidas anteriores desestimadas por el juez Osborne el 31 de octubre de 2023 y el 4 de diciembre de 2024. En esos procedimientos, Cajubi buscó de manera similar fallos por desacato relacionados con supuestos registros contables y divulgaciones de activos.

A lo largo del litigio, Cajubi ha afirmado repetidamente públicamente que los procedimientos canadienses recuperarían sumas sustanciales supuestamente vinculadas al Sr. García. Sin embargo, según la defensa, nunca se identificaron ni recuperaron dichos activos a pesar de más de 15 años de litigio y aproximadamente C$30 millones reportados como gastados en honorarios legales.

El caso enfrenta un nuevo escrutinio debido a preguntas sin respuesta sobre el destino final de los fondos y la falta de registros bancarios, incluidas cuentas suizas que alguna vez estuvieron en Clariden Leu, ahora propiedad de Credit Suisse.

Según representantes que apoyan al Sr. García, los procedimientos de Ontario se utilizaron para mantener una narrativa pública engañosa en Paraguay, mientras que la evidencia financiera crítica y las partes relevantes nunca fueron investigadas a fondo mediante el descubrimiento de pruebas.

“Este asunto solo puede aclararse mediante la divulgación completa de los registros bancarios y financieros vinculados a las transacciones en cuestión”, declararon los representantes. “El público merece transparencia sobre lo que sucedió con cada dólar.”

La controversia se extiende más allá del litigio en sí. Los críticos alegan que la demanda se convirtió en parte de un esfuerzo más amplio para justificar cambios controvertidos en el sistema de pensiones de Itaipú, incluida la imposición de un modelo de pensiones de estilo chileno que aumentó significativamente los costos relacionados con las pensiones a cargo de los trabajadores, jubilados y consumidores de electricidad paraguayos.

Se ha informado que se presentó una queja formal ante el Consejo Judicial de Canadá contra los jueces involucrados en el proceso, acusándolos de mala conducta judicial y participación en un encubrimiento más amplio. Se espera que se presenten quejas adicionales ante las autoridades reguladoras de pensiones de Paraguay.

El número de caso del Tribunal Superior de Ontario es: CV-11-00009210-CL

Contacto de Prensa

Julio Benítez
Socio, Benítez Cubilla & Asociados
Ciudad del Este, Paraguay
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