By: 24-7 Press Release
August 9, 2026
Grupos Internacionales de Derechos Alertan Sobre Libertad de Religión y Expresión en Corea del Sur
NUEVA YORK, NY, 9 de agosto de 2026 /24-7PressRelease/ -- Human Rights Without Frontiers (HRWF), junto con CAP Liberté de Conscience (CAP LC), que tiene estatus acreditado de ECOSOC en las Naciones Unidas, FOREF, CESNUR y Bitter Winter, celebraron una conferencia de prensa el 7 de agosto en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl sobre la Libertad de Religión o Creencias y la Libertad de Expresión en Corea del Sur. Los temas abordados incluyeron preocupaciones sobre el trato a líderes religiosos de edad avanzada en prisión preventiva, incluyendo cuestiones de proporcionalidad, consideraciones humanitarias y debido proceso. Las organizaciones instaron a las autoridades surcoreanas a revisar la detención del presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, de 95 años, y a garantizar que la respuesta legal y administrativa a las minorías religiosas siga siendo neutral, proporcionada y coherente con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Corea del Sur, incluso con respecto a la Sra. Hak-ja Han Moon, de 83 años, de la Federación de Familias.
Los temas discutidos forman parte de un patrón más amplio de preocupaciones sobre la libertad de religión o creencias en Corea del Sur. También han persistido las preocupaciones sobre la Iglesia Segero en Busan, que según informes ha seguido enfrentando acoso y escrutinio oficial incluso después de que el Pastor Son Hyun-bo fuera liberado de la detención.
Los informes también han planteado preguntas sobre la objeción de conciencia, la hostilidad pública hacia un proyecto de mezquita en Daegu y la acomodación religiosa en entornos educativos. En las últimas décadas, HRWF ha documentado el encarcelamiento de cientos de testigos de Jehová en Corea del Sur como objetores de conciencia, y aunque posteriormente se introdujo un servicio civil alternativo, los críticos sostienen que se ha implementado de manera punitiva en lugar de como una alternativa genuina que respete los derechos, notablemente porque requiere 36 meses de servicio en centros correccionales, el doble de la duración del servicio militar regular. Decisiones judiciales recientes también han confirmado las características clave de ese sistema frente a desafíos constitucionales.
Al abrir la conferencia, Hans Noot, director asociado de HRWF, dijo que los temas en juego "están en el corazón de la sociedad democrática", advirtiendo que cuando las comunidades religiosas son estigmatizadas, las reuniones pacíficas son restringidas y la disidencia se trata como un problema a contener, las consecuencias "van mucho más allá de cualquier grupo o caso individual". Dijo que la conferencia no trataba de defender una teología o movimiento en particular, sino de "defender un principio: que los derechos fundamentales se aplican por igual a todos".
Thierry Valle, presidente de CAP Liberté de Conscience, abordó la legalidad de la detención del presidente Lee bajo el derecho internacional. Refiriéndose a la ratificación por parte de Corea del Sur del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1990 y de la Convención contra la Tortura en 1995, cuestionó si la prisión preventiva de una persona de 95 años es coherente con esas obligaciones. Subrayó que la presunción de inocencia debe prevalecer sobre cualquier presunción de culpabilidad.
En los países democráticos existen alternativas más proporcionadas y más humanas que respetan la presunción de inocencia y la dignidad humana. Valle también citó precedentes, incluida la liberación bajo fianza en 2022 del Cardenal Joseph Zen en Hong Kong y la decisión de Vietnam de poner al Patriarca Budista Thich Quang Do bajo arresto domiciliario en lugar de prisión.
Michael Langhans, director ejecutivo de FOREF Alemania, presentó un análisis legal que cuestiona si la prisión preventiva para el presidente Lee de la Iglesia Shincheonji era necesaria dado que ya había pruebas suficientes para una acusación formal, y si esas pruebas fueron recopiladas de manera neutral o mediante una narrativa que enmarcara a la comunidad del acusado como una "secta" o "culto". Argumentó que el caso plantea una pregunta más amplia para los legisladores: si las medidas destinadas a proteger elecciones justas pueden aplicarse sin anular el derecho a la libertad de religión garantizado constitucional e internacionalmente.
Márk Nemes, director adjunto de CESNUR, compartió sus reflexiones sobre los efectos de la persecución continua y sus posibles ramificaciones para las religiones minoritarias. Señaló tres investigaciones académicas recientes realizadas en congregaciones seleccionadas de Shincheonji en Europa, Argentina y Australia, cada una de las cuales encontró un aumento preocupante de la hostilidad hacia el movimiento religioso, por lo demás pacífico y cooperativo. Subrayó que Shincheonji no es simplemente una iglesia minoritaria surcoreana, sino un movimiento religioso global con congregaciones en todo el mundo. La persecución desproporcionada en Corea del Sur afecta la vida de esos fieles en el extranjero, cuyas libertades de expresar y practicar su fe, consagradas en los Artículos 18 y 19 del PIDCP, son derechos inalienables y deben ser consideradas durante este proceso actual.
Massimo Introvigne, director gerente de CESNUR y editor en jefe de Bitter Winter, dijo que Corea del Sur "ha cruzado una línea preocupante" al arrestar al presidente Lee, argumentando que estándares internacionales como las Reglas Mandela exigirían arresto domiciliario en lugar de prisión para una persona de 95 años acusada de un delito no violento. Dijo que los cargos, vinculados a la participación política ordinaria de miembros de una minoría religiosa, "parecen legal y conceptualmente exagerados", y advirtió que el caso encaja en un patrón más amplio de presión contra las religiones minoritarias en el país.
Las organizaciones instaron a las autoridades surcoreanas, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a examinar estos acontecimientos prestando mucha atención al debido proceso, la proporcionalidad y la igual protección de los derechos fundamentales, y pusieron a disposición documentación adicional para apoyar la cobertura continua.
Al concluir la conferencia de prensa, los académicos presentes firmaron una carta oficial pidiendo al gobierno de la República de Corea que libere inmediatamente al presidente Lee de la custodia.
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