MIAMI, FL — 6 de marzo de 2025 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Como abogada de inmigración en el sur de Florida con más de 18 años de experiencia ayudando a inmigrantes a obtener estatus legal, he dedicado mi carrera a defender los derechos de aquellos que buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. El último intento de la administración Trump de expandir el uso de las remociones expeditas no solo es un ataque directo a las comunidades inmigrantes, sino también una peligrosa erosión de nuestros derechos constitucionales.

La política en cuestión permitiría a las autoridades de inmigración eludir el sistema legal y deportar a individuos que han estado en el país por menos de dos años, sin otorgarles el derecho a una audiencia justa. Esto es particularmente alarmante para los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) y aquellos admitidos bajo parole humanitario—individuos que están legalmente presentes en los Estados Unidos, pero que ahora enfrentan deportaciones injustas sin el debido proceso.

El programa TPS, que ha proporcionado un refugio seguro para cientos de miles de migrantes, ya está en peligro. Las extensiones para los titulares de TPS haitianos y venezolanos han sido revocadas, dejando a innumerables individuos vulnerables a la remoción. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha empoderado a las autoridades de inmigración para arrestar y deportar a migrantes que fueron admitidos bajo parole humanitario. Muchos de estos individuos han estado en el país por menos de dos años, haciéndolos blancos ideales para la remoción expedita. Esta política crea una cruel realidad: los individuos que buscaron refugio legal en EE. UU. bajo protecciones humanitarias establecidas pueden ahora ser deportados rápidamente sin oportunidad de presentar su caso.

Más allá de las consecuencias inmediatas para los titulares de TPS y los beneficiarios de parole humanitario, las remociones expedidas de Trump también violan la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. Al priorizar la deportación de individuos en función de su estatus migratorio y la duración de su estancia, el ICE inevitablemente recurrirá a perfiles raciales. Los migrantes—e incluso los ciudadanos estadounidenses—estarán en mayor riesgo de ser detenidos y cuestionados por prueba de estatus simplemente porque parecen ser nacidos en el extranjero. Esto no es solo un ataque a los inmigrantes; es un ataque a los derechos civiles y a los valores fundamentales de equidad e igualdad ante la ley.

El enfoque de Trump hacia la aplicación de la inmigración arma las remociones expedidas como una herramienta para eludir el debido proceso y apuntar desproporcionadamente a comunidades vulnerables. Esta es una política imprudente e inconstitucional que debe ser detenida antes de que cause un daño irreparable a innumerables familias e individuos. Debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la justicia y oponernos a cualquier medida que busque desmantelar las protecciones legales garantizadas por nuestra Constitución.

El momento de actuar es ahora. Debemos resistir estas remociones ilegales y asegurar que cada individuo, independientemente de su estatus migratorio, tenga garantizado su derecho fundamental al debido proceso. La integridad de nuestro sistema legal—y los mismos principios de justicia—dependen de ello.

Sobre la Autora
Maribel A. Pizá es una abogada de inmigración dedicada a defender políticas que promuevan la justicia y la equidad. Se puede contactar a través del (954) 367-6492 o maribel@maribelpizafl.com.

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