La ciudadanía está bajo ataque. Y en el clima actual, no se trata solo de documentación, se trata de dignidad, pertenencia y protección. Pero el 20 de enero de 2025, esa promesa fue puesta directamente en la mira. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento, presentada como un intento de 'proteger el significado y el valor' de la ciudadanía estadounidense. La intención era clara: estrechar la definición de quién tiene derecho a pertenecer.

Solo cinco meses después, la Corte Suprema de los EE. UU. emitió un fallo en Trump v. CASA que aumentó aún más las apuestas. La Corte privó a los tribunales inferiores de su capacidad para emitir órdenes judiciales universales, órdenes que anteriormente bloqueaban políticas federales inconstitucionales de entrar en vigencia a nivel nacional. Era una salvaguardia legal utilizada a menudo para detener los excesos durante el primer mandato de Trump. Ese respaldo ahora ha desaparecido. Hoy, las políticas federales dañinas pueden implementarse de inmediato, incluso mientras se abren paso por los tribunales. Y eso les da a aquellos que favorecen eliminar la ciudadanía por nacimiento una ventaja peligrosa.

La 14ª Enmienda, una vez que fue una protección constitucional fundamental, ya no es segura. Aunque la Corte no la derogó, entregó su aplicación a los estados. Para millones de familias inmigrantes, eso no es teoría legal. Es una amenaza real e inminente.

Y en este paisaje dividido, Maryland está en primera línea. Los inmigrantes representan el 17% de la población de Maryland y el 21.7% de su fuerza laboral. Aproximadamente 140,000 residentes indocumentados, el 85.7% de ellos en edad laboral, contribuyen con $1.4 mil millones en impuestos anualmente y generan casi $40 mil millones en poder de gasto. Apoyan sectores esenciales como la salud, la educación y la construcción.

Pero ahora, esas contribuciones no ofrecen protección. Una política federal, no importa cuán defectuosa sea, puede poner sus futuros en riesgo. Los desafíos legales pueden tomar años. Para miles de familias en Maryland, esa demora podría ser la diferencia entre la seguridad y la separación.

A medida que las agencias federales reducen las protecciones para los inmigrantes y la Corte Suprema amenaza el acceso a la ciudadanía por nacimiento, los legisladores de Maryland enfrentan una presión creciente para afirmar el compromiso del estado con la inclusión. Una respuesta propuesta es una disposición constitucional que afirmaría que todas las personas nacidas en Maryland son habitantes de Maryland, con derecho a plena protección bajo la ley estatal.

Esta medida podría tener implicaciones reales. En el caso de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland que fue deportado injustamente a El Salvador, tal disposición podría haber ofrecido una capa adicional de protección. En 2024, llegaron más niños migrantes no acompañados a Maryland que a cualquier otro estado. A medida que continúan los retrocesos federales, las apuestas son altas. Aproximadamente 7,000 beneficiarios de DACA y 31,000 que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS) se han convertido en objetivos de deportación.

Consagrar las protecciones por nacimiento enviaría un mensaje claro a más de un millón de residentes inmigrantes: Maryland está con ustedes. En un momento en que la política federal es incierta, los estados pueden elegir liderar, no con miedo, sino con valores.

Esto no es teórico. El ataque a la ciudadanía por nacimiento es real. Y Maryland tiene la oportunidad de resistir, no solo para proteger a los suyos, sino para establecer un precedente nacional.

Como advirtió la jueza Ketanji Brown Jackson en su disidencia en Trump v. CASA, la decisión de la Corte abrió una 'zona de ilegalidad' que 'afectará de manera desproporcionada a los pobres, los no educados y los impopulares'. Es una grieta en los cimientos de la protección igualitaria, y un recordatorio de lo que está en juego.

Esta enmienda no cambiaría la ley federal de ciudadanía. Pero tendría un impacto simbólico y práctico serio. Declararía que cualquier persona nacida en Maryland es un habitante de Maryland y tiene derecho a protecciones estatales, independientemente de su estatus migratorio. Prohibiría la discriminación por parte de los gobiernos estatales o locales basada en la ciudadanía.

Eso importa. Podría redefinir cómo se prestan los servicios, si las escuelas pueden rechazar a estudiantes indocumentados, cómo coopera la policía con ICE y quién califica para beneficios locales. Las constituciones estatales son donde comienzan estas protecciones.

Esta no sería la primera vez que Maryland marca el camino. En 2012, Maryland se convirtió en el primer estado del país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo por votación popular, no a través de los tribunales, y no solo a través de la legislatura. Fue una declaración de que el amor y la dignidad son valores no partidistas.

Luego, en 2022, mucho antes de que la Corte Suprema de los EE. UU. revocara Roe v. Wade, los votantes de Maryland una vez más dieron un paso al frente. Al aprobar una enmienda constitucional para salvaguardar la libertad reproductiva, el estado trazó una línea en la arena: No importa qué caos viniera de Washington, Maryland protegería el derecho fundamental a la autonomía corporal.

Estos no fueron gestos vacíos. Fueron actos audaces de liderazgo moral. Mientras otros estados esperaban, Maryland actuó. Ahora, puede hacerlo de nuevo.

Esta enmienda propuesta, para consagrar la protección igualitaria y el reconocimiento por nacimiento en la constitución de Maryland, sigue esa misma tradición. No es reaccionaria; es precautoria. No se trata de política partidista; se trata de dignidad humana.

Cuando las protecciones federales desaparecen, Maryland ha demostrado una y otra vez que no espera permiso para hacer lo correcto.

Lidera. Y ahora, tiene la oportunidad de hacerlo de nuevo.

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